Este jueves 22 de diciembre está convocada la ultima movilización nacional del año 2011. Un año largo, pero, fértil en la re composición de las esperanzas para la sociedad chilena, acostumbrada a mirar desde el palco el enriquecimiento de los mismos de siempre y sus esfuerzos por someternos a sus directrices morales, pero sobre todo de poder. Este año, la sociedad chilena ha comenzado a cobrar conciencia de que el destino de sus vidas está sometido a lo que decida una minoría empresarial y política.
Ante esta situación, los estudiantes universitarios hemos comenzado a construir organizaciones políticas que constituyen la base de la conformación de nuevos actores sociales que apuestan a emerger políticamente en la escena nacional, sin inmediaciones de ningún tipo, sino con cabeza y conducción propia.
Sintiéndonos parte de ese esfuerzo de re composición de la base popular y de creación de nuevos horizontes para la izquierda chilena, nos parece adecuado declarar lo siguiente.
1º) Debemos rechazar el Presupuesto aprobado en Educación para el año 2012.
Más allá de los voladeros de luces e informaciones amplificadas emanadas desde las autoridades de Gobierno, lo cierto es que el Presupuesto aprobado hace unas semanas por ambas Cámaras del Congreso no hace más que postergar las soluciones planteadas por el movimiento estudiantil para resolver la crisis educacional del país, y profundizar, por tanto, las nefastas consecuencias que este modelo ha provocado.
El presupuesto aprobado incrementa la cantidad de becas para avanzar desde los 2 quintiles (40% de los estudiantes más vulnerables) hasta el 3º quintil socioeconómico que corresponde al 60% de los estudiantes más vulnerables[1]. Esto se hace mediante el financiamiento de 110 mil nuevas becas, avanzando desde 130 mil que se entregaron el año 2011, hasta un total de 240 mil para el próximo año 2011. Y, más precisamente, tal incremento se efectúa aumentando hasta el 3º quintil las Becas Bicentenario, Juan Gómez Milla y Nuevo Milenio (que hasta ahora sólo cubrían los 2 primeros quintiles).
Sin embargo, de la lectura de la “letra chica” – a la cuál desafortunadamente nos ha acostumbrado este Gobierno con sus proyectos de Ley- emanan una serie de aspectos que nos permiten rechazar este presupuesto.
- Se otorgan con criterios de selectividad y no vulnerabilidad
El movimiento estudiantil, desde el punto de vista del financiamiento de la educación, ha venido planteando la necesidad del aseguramiento de derechos sociales universales, y en tal sentido, el financiamiento total de los estudiantes de Educación Superior. Sin embargo, esto contrasta con las políticas de los últimos 20 años, y que el actual Gobierno ha continuado, de asegurar la educación sólo a aquellos estudiantes más vulnerables, con mayores necesidades, de acuerdo a sus criterios de vulnerabilidad (quintiles, ficha de protección social, etc.). Sin embargo, esa política se ve mermada desde el momento en que se introducen criterios de selección o selectividad, de acuerdo al desempeño o “merito” individual del estudiante, ya que no considera la falla estructural del sistema, que no hace otra cosa que reproducir desigualdades.
En este caso concreto, las becas que se entregarán se hará considerando a aquellos estudiantes que tengan más de 550 puntos, a pesar de toda la evidencia que muestra que los resultados de la PSU de los estudiantes más vulnerables están directamente relacionados con la capacidad (o incapacidad en este caso) de acceder (pagar) a un colegio de calidad (lo que está determinado por pagar, por ello, siempre son particular o particular subvencionado con financiamiento compartido aquellos colegios con mejores resultados), o de acceder o pagar un preuniversitario, con todos los costos que aquello implica. En este sentido, aquellos estudiantes de los estratos más acomodados siempre tienen mejores resultados que los de los estratos más bajos, no porque estos últimos sean menos inteligentes, sino porque las oportunidades han sido diferentes, y en instrumentos como la PSU se revelan las nefastas consecuencias de inequidades arrastradas desde la cuna. Por lo tanto, todo indica que en esta oportunidad las 110 mil becas nuevas, no necesariamente irán a los más vulnerables dentro del universo de los 3 primeros quintiles, sino a los que hayan tenido la posibilidad (por las razones arriba mencionadas, en general) de lograr 550 puntos. Más precisamente, habrá estudiantes pertenecientes a los 3 primeros quintiles, que no obtendrán estas becas, y les quedará como alternativa únicamente la vía del endeudamiento. Esto ya lo han reconocido así los propios Rectores de las Universidades Tradicionales.
- Beneficia a un sector residual de los estudiantes que lo requieren
En efecto, estas nuevas becas avanzan únicamente hasta el 3º quintil de ingresos socioeconómicos, sin embargo, veamos ¿Quiénes se encuentran entre los 3 primeros quintiles? En este estrato socioeconómico se encuentran aquellos hogares cuyo ingreso per cápita sea igual o inferior a $140.665. Por lo tanto, excluye a aquellos hogares que tengan un ingreso per cápita mayor a dicho monto.
En este caso, veamos un caso recurrente: pensemos en una familia biparental (que vive con la madre y el padre) que tienen 2hijos, que es el promedio de los hogares chilenos de acuerdo a la Encuesta CASEN del año 2009. En tal caso, el ingreso total sería de $562.660 (resultante de multiplicar por 4 el tope del quintil: $140.665). Por lo tanto, un hijo estudiante de una familia que tenga esos ingresos totales podrá acceder a estas becas. Pero, veamos lo siguiente.
De acuerdo al estudio del Centro de Investigación de la Estructura Social de la Universidad de Chile, acerca de la “Caracterización social de los estudiantes de Educación Superior en Chile”, se entregan datos de los salarios promedios de diferentes grupos ocupacionales. En el estudio se dividen 4 grupos ocupacionales que son los siguientes: Directivos y Profesionales que ganan en promedio $1.264.608; Técnicos y Profesionales Nivel Medio que ganan $679.642; Empleados y Obreros que ganan $388.094; y, los Trabajadores No Calificados que ganan $278.472.
Con esos datos, hagamos un par de ejercicios hipotéticos que nos permitirán dimensionar concretamente el real alcance del Presupuesto aprobado.
Caso 1: Tan sólo uno de los padres trabaja[2]. En tal caso, solamente podrán acceder a estas becas los hijos de Empleados y Obreros y de Trabajadores No Calificados. Sin embargo, el sólo hecho de que ese trabajador tenga un titulo Técnico o Profesional de Nivel Medio, hará que sus ingresos se incrementen a un monto donde ya no cabe dentro de los 3 primeros quintiles, por lo que sus hijos no podrían acceder a estas becas, quedándole exclusivamente la vía del endeudamiento para educarlos.
Caso 2: Ambos padres son los que trabajan. Aquí nos encontramos con diversos escenarios.
- Si ambos reciben remuneración de Empleados y Obreros: En tal caso, no se aplica el beneficio, ya que la eventual suma de ambos ingresos ($776.188), dividido per cápita, deja a dicho hogar fuera de los 3 primeros quintiles ($191.547). Vale decir, no es un hogar vulnerable, de acuerdo a los criterios del Estado chileno.
- Si uno es empleado u obrero, y el otro es un trabajador No calificado. Tampoco se aplica el beneficio de las becas, ya que la suma de ambos ingresos ($666.566), dividido per cápita envía a este hogar al cuarto quintil ($166.642). O sea, tampoco es un hogar vulnerable.
- Si ambos son trabajadores no calificados. Es el único caso en que los hijos de esta familia podrían ser beneficiados, ya que si caben dentro de los 3 primeros quintiles. El ingreso total de este hogar sería aproximadamente $556.944, y que dividido per cápita da un monto que lo deja entre los 3 primeros quintiles, o sea, $139.236. Sin embargo, no todos los hijos de estos hogares serán beneficiados, sino, como ya apuntamos, aquellos que obtengan 550 puntos en la PSU.
En consecuencia, la cantidad de estudiantes que estarán en condiciones reales de poder acceder a estas nuevas becas es bastante residual. De hecho, en estricto rigor, las 110 mil nuevas becas generan un total de 240 mil estudiantes becados para este próximo año 2012 en el país, lo que significa únicamente el27% de todos los estudiantes en el sistema total de Educación Superior, de acuerdo a las cifras oficiales del MINEDUC que reportan un total de 900 mil estudiantes aproximadamente.
Se trata, por tanto, de una cifra muy residual, y por lo demás desproporcionada para la magnitud de la movilización de este año que movilizó a alrededor de 500 mil estudiantes.
- No cubren la totalidad de los aranceles correspondientes
De acuerdo a las políticas de asignación de beneficios estudiantiles, establecidos por ley desde el año 2006, estos no cubren el valor real de los aranceles, sino que cubren un porcentaje de acuerdo al mecanismo denominado de “aranceles de referencia”. Este ultimo mecanismo consiste en unos aranceles establecidos todos los años por el MINEDUC y que sirven de criterio para la asignación de los beneficios estudiantiles, que en la mayoría de los casos (sino, todos) son considerablemente menores al valor real de los aranceles que cobran las instituciones de Educación Superior. Por lo tanto, en todos los casos, existirá una brecha que debe ser cubierta por el estudiante, únicamente por la vía del endeudamiento.
Para ilustrar de mejor manera las brechas que no cubrirán estas becas, entregamos datos de acuerdo a las instituciones de educación superior presentes en la Región.
a) Para el caso de la Beca Bicentenario, se trata de una beca que sólo está destinada para los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores. En este caso, la UACh (que pertenece al CRUCh) tiene un arancel de referencia promedio de $1.914.550, mientras que el arancel real promedio que se cobra en las carreras de la UACh es de $2.650.000. Esto reporta una brecha total de $685.450que deberá ser cubierto por el propio estudiante, mediante el endeudamiento, lo que representa prácticamente la octava parte del ingreso mensual familiar ($68.545).
b) En el caso de la Beca Juan Gómez Milla que está destinada principalmente a aquellos estudiantes de las universidades privadas autónomas y acreditadas. Esta beca tiene un tope de $1.150.000, luego de cuál no cubre, lo que significa que no financia siempre el 100% del arancel de referencia, sino sólo hasta un tope de $1.150.000, que es casi la generalidad de los casos. Veamos el caso de las Universidades privadas de la Región.
La Universidad San Sebastián tiene un arancel de referencia promedio de $1.637.774, por lo tanto, no cubre $487.774 que pasa a engrosar la brecha con el arancel real. Por su parte, el arancel real promedio de la USS es de $3.130.394, lo que da por resultado una brecha considerable de $1.980.394, que representa el porcentaje no menor de un tercio de los ingresos mensuales de un hogar de los 3 primeros quintiles ($198.039).
En el caso de la Universidad Santo Tomás, el arancel de referencia promedio es de $1.749.740 y, por lo tanto, de acuerdo al tope legal que tiene esta beca, no cubre $599.740. El arancel real promedio, por su parte, es de $2.065.000, que representa una brecha total de $915.000, que corresponde a la sexta parte del ingreso mensual de dicho hogar ($91.500).
Demás está decir que estas becas no pueden complementarse con otras becas (al menos del Estado), y sólo queda a los estudiantes la vía del endeudamiento.
c) Por último, la Beca Nuevo Milenio, es una beca destinada a los estudiantes que sigan estudios técnicos de nivel superior en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Sin embargo, al igual que la beca anterior, tiene un tope de $500.000 anuales.
En este caso, el promedio anual de un arancel de INACAP en la Región de Los Ríos es de $1.299.110, por lo que no cubre $799.110, que corresponde a la séptima parte del ingreso mensual de una familia del tercer quintil ($79.911).
Esta beca si puede ser complementada con otra, pero, solamente a través de becas que benefician categorías especiales y especificas de estudiantes, a saber: Beca Hijo de Profesionales de la Educación yBeca de Excelencia Académica (que beneficia a los premios nacionales).
En consecuencia, del análisis arriba señalado, serán aquellos estudiantes que ingresen a Universidades Privadas e Institutos Profesionales los que sufrirán las consecuencias de esta medida que inevitablemente los llevará hacia el endeudamiento, que en su caso es con la banca privada mediante el Crédito con Aval del Estado que tiene una tasa de interés del 6%, que corresponde a 4 puntos porcentuales más que los estudiantes que ingresan a la UACh. En esto último, mucho se ha hablado de la supuesta equiparación de la tasa de interés de ambos créditos por parte del Gobierno, pero, poco se habla del contenido real del proyecto de ley enviado al Parlamento[3] que no constituye una rebaja de la tasa de interés en estricto rigor, sino de una subvención por parte del Estado de ese 4% de diferencia, entregando recursos públicos (provenientes de los impuestos, que en su mayor recaudación corresponde al IVA pagado por los consumidores – personas- ya que las empresas no lo pagan) directamente a la banca privada, y además, dicha rebaja no se calcula desde que se contrata el crédito, sino que desde que se comienza a pagar, vale decir, una vez fuera de la Universidad ( en el mejor de los casos), ya que en los 5 o 7 años en que está en la Universidad la tasa de interés que se aplica es del 6% igualmente.
- No financian toda la carrera
De acuerdo, a lo primero que señalamos, la lógica de “selectividad” por sobre la vulnerabilidad, o aún más, por sobre el aseguramiento de derechos sociales universales, no sólo se expresa en la PSU, sino que persigue al estudiante que pudiera ser beneficiado por la beca por toda su historia académica universitaria.
En efecto, esta lógica también se expresa en la existencia de requisitos para el mantenimiento de dichas becas. En este sentido, resulta prudente explicar que todas las Becas que eventualmente beneficien al 3º quintil, están sometidas a requerimientos académicos para su renovación anual. Así, para aquellos estudiantes becados en su primer año se le exige aprobar el 60% de las asignaturas inscritas, mientras que en sus cursos superiores se le exige el 70% de las asignaturas.
Esta lógica ha dado por resultado una perdida extendida del beneficio, sobre todo entre los estudiantes de más escasos recursos, como sería este caso, ya que las desigualdades de origen arrastradas desde los colegios, a lo que se suma la condición social que repercute en el llamado “capital cultural” del estudiante, arroja por consecuencia que aquellos estudiantes provenientes de colegios de mediana o baja calidad, o siendo de una calidad aceptable, de comunas pobres, por las diferencias en su formación secundaria, terminan sucumbiendo ante la exigencia universitaria. De hecho, las exigencias de las leyes que otorgan las becas superan con creces los rendimientos promedios en las universidades. Por lo tanto, la exigencia a los estudiantes de escasos recursos para mantener sus beneficios son 2 o 3 veces mayores, considerando además las desventajas sociales y culturales a las que se ven expuestos por su adscripción a un hogar de escasos recursos.
En el fondo se trata de un sesgo “ideológico” de los últimos 5 gobiernos que han malentendido la meritocracia bajo la creencia de que bienes escasos (como la educación) se deben repartir con criterios de esfuerzo individual, sin considerar la evidencia empírica que da cuenta de un sistema educacional “conscientemente estructurado en clases sociales, y que no hace más que reproducir las desigualdades presentes en la sociedad chilena”, según palabras de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a los 32 países más industrializados, entre los que se encuentra Chile desde el año pasado). En esta materia, el Gobierno no ha considerado la evidencia disponible, ya que es “sobre-exigente”, por tanto injusto, exigir 3 o más veces más a un estudiante beneficiado en base a su condición social en relación a los otros estudiantes que no cuentan con estos beneficios. La exigencia de 60% y 70% correspondiente no tiene una correlación lógica con la realidad, la cual tiene resultados bastante críticos desde la perspectiva del rendimiento académico promedio. En tal sentido, cabe resaltar que la UNESCO ha hecho estudios que revelan una tasa de deserción global de 53%. Por tanto, más de la mitad de los estudiantes que ingresan a la Educación Superior, no terminan su carrera.
[1] En este aspecto, ya es posible encontrar la primera información que es pertinente explicar con la finalidad de que no nos lleve a conclusiones erradas. Cuando se habla del 60% de los estudiantes más vulnerables, corresponde a una aseveración que se hace a partir de la división en porcentajes iguales de 20% de los 5 quintiles que se considera para efectos de la caracterización socioeconómica de los estudiantes. En tal sentido, se entiende que pasar del 2º quintil al 3º es pasar del 40% al 60%, tal como lo ha informado el Gobierno y lo han reiterado los medios de comunicación. Sin embargo, no se debe entender con ello que del universo total de estudiantes que se encuentran en la Educación Superior, se está avanzando hacia el 60% de estos, ya que de acuerdo a las cifras explicadas más adelante, se llegará simplemente a la conclusión de que no es así. En estricto rigor, más precisamente debiera hablarse que se cubre el 60% de los quintiles, que equivale exactamente a los 3 primeros quintiles, pero, no del 60% de los estudiantes, ya que lleva a equívocos como los señalados.
[2] Una caso muy recurrente, ya que de acuerdo a datos de la Fundación Sol, dedicada al estudio del mercado laboral en Chile, en el 70% de los hogares más pobres del país 0,9 personas (menos de una por hogar) trabaja.
[3] Boletín 7898-04 de 1 de Septiembre de 2011. Se trata de un proyecto de ley de un marcado tinte “populista” para responder a la situación de movilización social, ya que en el último mes se le ha retirado la urgencia, y tiene sólo urgencia simple para su discusión.
2º) Debemos apoyar una reforma tributaria “real”, donde los ricos paguen más que los más pobres.
No sólo para hacer frente a los requerimientos en educación, sino, también a una serie de requerimientos sociales y de funcionamiento del Estado, la Reforma Tributaria se convierte en una necesidad ineludible. Y en tal sentido, no basta con perfeccionar el sistema tributario actual, sino que fundamentalmente se requiere establecer un sistema tributario donde efectivamente quienes más ganen – con el trabajo de todos los chilenos- sean quienes más paguen impuestos. Esto aparece como una demanda justa, por los siguientes antecedentes.
De acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto de Chile, vale decir, la suma total de bienes y servicios, así como de dinero circulante, es de USD $15.000 (dólares norteamericanos) per cápita[1]. Sin embargo, ya sabemos que Chile tiene una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo. En efecto, Chile tiene un coeficiente de Gini de 0,5 mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 0,3[2]. En términos de distribución Chile es más bien similar a Kenia que a los países de la OCDE.
Lo anterior se debe fundamentalmente a que el 40% de la riqueza del país está concentrado en el 10% más rico de la población, lo cual nos lleva a reinterpretar los datos de USD $15.000 per cápita. Más bien, considerando que el 10% concentra el 40% de la riqueza nos lleva a concluir que ellos viven con USD $60.000 per cápita, que es superior al nivel de vida de Noruega que vive con USD $53.000 per cápita. Mientras que el otro 90% de la población vive sólo con USD $10.000 cápita que es similar al nivel de vida de Gabón. O sea, el 10% de los chilenos viven mejor que el país más rico del mundo, mientras que el otro 90% vivimos como Gabón.
Sin embargo, la particularidad de la inequidad del caso chileno, no se encuentra en la extrema pobreza, sino más bien en la extrema riqueza, ya que la OCDE hace poco entregó un informe en que el 10% más rico gana 27 veces más que el 10% más pobre. Sin embargo, en ese 10% convive una familia en que uno gane $800.000 con otro que gane $200.000 con las fortunas superiores al millón de dólares. Por ello, mucho más ilustrativo es la tendencia entre el 5% más rico y el más pobre, sobre todo para cruzarlo con los datos del sistema educacional.
En efecto, desde que se creó el sistema educacional vigente en 1981 y 1982 la evolución de estos extremos de la población chilena confirman el diagnostico de que genera desigualdad, profundizándose desde la época democrática. Así, en el año 1989 el 5% más rico ganaba 137 veces más que el 5% más pobre. Pero, en el año 2003, dicha brecha se extendió a 209 veces, llegando el año 2009, según los datos de la Encuesta CASEN a 823 veces. O sea, hoy el 5% más rico gana 823 más que el 5% más pobre.
Cómo ya dijimos, lo particular de la desigualdad es la extrema riqueza, lo cual es evidente desde el momento en que en Chile existen 4 mil familias que tienen riquezas sobre el millón de dólares, de los cuáles 632 tienen riquezas superiores a los 5 millones de dólares[3]. Ellos representan el 1% de Chile. Vale decir, la verdadera riqueza de Chile se encuentra en ese 1% que gana considerablemente más que el resto de la población.
Por tanto, de acuerdo a ello, resulta del todo justo y equitativo plantear una reforma tributaria con esos criterios.
[1] Eso corresponde a $7.800.000 anuales en moneda nacional, que significan alrededor de $650.000 mensuales por cápita.
[2] El coeficiente de Gini es un indicador que mide la igualdad/desigualdad de los países, en virtud del cual 1 es la desigualdad total y 0 es la igualdad absoluta. Por tanto, mientras más se acerquen a 1 los coeficientes de los países, más desiguales son las sociedades.
[3] Eso equivale a $2.600 millones de pesos.
Colectivo Socializa - Izquierda Autónoma Valdivia.
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